ELCHE. El pasado mes de febrero el presidente Ximo Puig anunciaba que será en la ciudad ilicitana finalmente donde se ubique —al principio la idea era València— la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT). Además de para descentralizar, porque en el amplio término municipal, hay unas 20.000 viviendas sin legalizar en suelo no urbanizable, es decir, en el Camp d’Elx. Con mucha menos presencia, aunque también las hay, están las empresas, que siguen son unas 300. Siguen presentando sus Declaraciones de Interés Comunitario (DIC) para legalizar su situación. 

Como ha venido dando cuenta este medio, son compañías de todo tipo, desde ferreterías hasta fábricas de aglomerados, pasando por el safari o bastantes de calzado. Algunas de ellas se construyeron cuando la ley urbanística no estaba totalmente desarrollada y han seguido en esta situación irregular hasta ahora, con la nueva disposición sobre la minimización ambiental que se ha sumado a la Lotup.

Con ella las compañías pueden pasar a ser legales cumpliendo determinados requisitos, en la práctica, una especie de ‘amnistía urbanística’ que causó críticas entre quienes lo han tenido todo en regla—. Algunas de las nuevas que se han sumado a esta opción son LotoplantMaprecalPoliuretanos Elche o una compañía del metal, entre otras.

En el caso de Lotoplant, se trata de una empresa de fabricación de plantillas para calzado con productos naturales biodegradables ubicada en Derramador y con más de tres décadas de vida. Del mismo sector, Maprecal también produce hormas para la industria zapatera, propone un canon de más de 3.000 euros y está ubicada en El Altet. Una firma que se creó en los años 60.

En lo referente a Poliuretanos Elche, se trata de una compañía de fabricación de poliuretano en Carrús, en la carretera de Aspe. Sobre la compañía de metal, la solicitud está promovida por un particular que se dedica al cortado y plegado de chapa de metal en Matola. Todas las sociedades plantean obtener una DIC para 30 años, que es lo máximo permitido antes de su renovación. 

Por último, cabe destacar que hasta ahora se han presentado algo más de medio centenar de propuestas, lo que supone algo más del 16% de las 300 empresas que se encuentran en esta situación en el Camp d’Elx. Aunque avanzan lentamente, ya se van presentando, la gran tarea con estas situaciones ilegales son obviamente las 20.000 viviendas detectadas en las pedanías, o por ejemplo todos los negocios que hay alrededor del aeropuerto vinculados a este y que se pretende legalizar sorteando precisamente esta ley de minimización para agilizar el trámite.

Fuente Información: Alicante Plaza

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