El Pativel, anulado por carecer de informes económico, medioambiental y de género
VALÈNCIA. El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel), la norma ideada por el Consell para «la conservación activa de más de 7.500 hectáreas de suelos de elevada calidad ambiental, territorial y paisajística», ha sido anulado dos años después de su aprobación por carecer de informes clave para su desarrollo: el económico, el medio ambiental y el de género. Así lo ha decidido la sala de lo contencioso-administrativo de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras aceptar uno de la decena de recursos que desde consistorios y empresas pusieron a la norma.
Concretamente, ha sido aceptado el de TM Grupo Inmobiliario -Torreviñas SL-, una de las promotoras más importantes de la provincia de Alicante a quien el Pativel dejó sin efecto una urbanización que la promotora tenía en proyecto en el municipio castellonense de Vinaròs. Con su argumentario, la constructora ha conseguido impactar en tres líneas de flotación que la justicia ha dado como válidas. Unas cuestiones que no son baladí si se tiene en cuenta que hable del coste que puede suponer para las administraciones las modificaciones y el impacto en el paisaje, un asunto clave de la norma.
Sin cifras sobre el coste para la administración
El primer argumento de nulidad esgrimido es un estudio económico-financiero que refleje los costes de implementación del Pativel y la repercusión económica que comporta para las propiedades afectadas y para los municipios que deberán desarrollarlo. Sin embargo, el proyecto no incluía estos cálculos ni tampoco preveía las posibles responsabilidades patrimoniales que para la Administración autonómica puede conllevar la desclasificación de suelo que lleva a cabo.
«Únicamente consta en el expediente un documento elaborado en mayo de 2017 denominado “Memoria de sostenibilidad económica del Pativel”, en el que su redactor comienza señalando que no resulta necesaria la elaboración de una memoria de esa naturaleza», apunta la sentencia que hace referencia a la norma aprobada bajo el mandato de María José Salvador en la Conselleria de Viviendas, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
A éste se sumaba la omisión de los preceptivos informes en materia de género, infancia y adolescencia, y familia; y no haber sometido el plan a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica, con la omisión de la evaluación de las distintas alternativas posibles. «En el Pativel, el análisis de las alternativas se basa, principalmente, en criterios económicos. No se produce un análisis profundo y con rigor desde el punto de vista ambiental de las distintas propuestas o alternativas presentadas, y así, descartada la primera opción no actuación-, a la hora de elegir entre las siguientes se opta por elegir la tercera atendiendo a los posibles costes económicos.», señala la sentencia.
5 años para aprobar proyectos en los suelos señalados
El plan, aprobado en mayo de 2018, propone -tal y como se apuntaba- a la conservación de más de 7.500 hectáreas en la Comunitat que van de la costa a dos kilómetros hacia el interior, trastocando los planes de constructoras que tenían terrenos y que generó un aluvión de demandas a las que sumaron las de ayuntamientos temerosos de posibles reclamaciones. Suelos que en la actualidad están considerados como urbanizables y que con el Pativel se marcaba una cuenta atrás de su desarrollo.
Y es que el plan fijaba un periodo de cinco años para que los proyectos urbanísticos sin desarrollar previstos en suelo urbanizable sean aprobados, y en caso contrario los terrenos perderían tal consideración pasando a rurales y ya no se podría construir en ellos. A este plazo se sumarían otros cinco años para la construcción en el espacio. Por provincias, el suelo preservado era aproximadamente de 2.100 hectáreas en València 2.500 hectáreas en Castellón y 2.900 en Alicante.
La Generalitat presentará un recurso de casación
La Generalitat presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunitat Valenciana que declara nulo el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel). Así lo anunciaba el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.
Según han indicado desde el departamento, «la reciente sentencia, que todavía no es firme, pone de manifiesto el cambio de criterio y de rumbo en la valoración de la sala, que anteriormente se había pronunciado en términos favorables». Además, afirmaba que la sentencia «no entra a valorar el contenido del Pativel como herramienta de protección del litoral, sino aspectos formales del mismo, puntualiza que sí existen informes técnicos presentados, pero la sala los considera insuficientes».
Por todo ello, el conseller ha trasladado «un mensaje de tranquilidad» y ha asegurado que la Generalitat «seguirá velando por la protección y preservación del litoral a través de todas las herramientas y recursos jurídicos de los que dispone».
COMENTARIO DEL DIRECTOR:
El efecto “rebote” de las leyes urbanísticas
Tras la sentencia del TSJ que anula el PATIVEL (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana) queda patente que el urbanismo se ha convertido en algo imposible de materializar, hablo como técnico ajeno a cuestiones políticas, todo ello debido en gran parte a que la normativa urbanística ha complicado de tal manera el desarrollo de cualquier plan o proyecto que conseguir su aprobación definitiva será un gran éxito.
Todo arranca con la transposición de la normativa medioambiental procedente de Europa que con toda razón protege, como no podía ser de otra manera, los valores ambientales y paisajísticos frente al desarrollo urbanístico incontrolado. A todo ello, se ha añadido gran cantidad de relato legislativo en defensa de casi todo lo protegible.
Con la aplicación de esta normativa, probablemente, nos hemos pasado de frenada y lo que se legisló en aras de proteger el interés general, quizá, se haya vuelto su contra siendo un ejemplo de ello el citado PATIVEL.
Nadie duda que este tipo de planes son completamente necesarios, pero la “maraña” de leyes urbanísticas tan proteccionistas han acabado “rebotando” contra el propio interés general. A ver cómo salimos de esta.
Fdo. Juan Manuel Roca de Togores Sempere. Director de Roca de Togores Urbanistas.